Decía el filósofo político medieval, Nicolás Maquiavelo, que la política era la continuación de la guerra por otros medios. No se refería a una situación particular, sino a las décadas de aprendizaje que había experimentado durante la época en la que fungió como “entrenador” de miles de miembros de la realeza de su época.

Han pasado ya más de cinco siglos desde que Maquiavelo dijo aquello, y sus palabras siguen vigentes. Tal vez porque en cinco siglos el poder político no ha cambiado mucho.

En el caso que nos ocupa hoy hablaremos de Colombia. La hermana nación está atravesando por horas muy duras, como seguramente ya se habrán informado en los noticieros.

A la hora de escribir este artículo la situación era de incertidumbre por el futuro inmediato y de mucha tristeza por las constantes violaciones a los derechos Humanos y las violentas protestas que tienen paralizado al país.

Nos encontramos frente a un estallido social en toda regla. Una situación similar a la ocurrida en Chile durante el año 2020, o en Perú, también el año pasado.

Ahora bien, ¿por qué se repiten estas situaciones en nuestros países? ¿Qué hilos ocultos hay detrás de las narrativas que las partes en conflicto construyen para validar sus causas?

Vamos a verlo en profundidad. No hablaré tanto de los hechos noticiosos. De eso ya se están encargando los periodistas y cronistas en el lugar; quiero más bien hablar de todo lo que está detrás, lo que se nos revela en lo que sin duda no es un hecho fortuito ni aislado, sino un capítulo más de un conflicto que ha tenido Colombia durante más de medio siglo.

Video: «Qué está pasando en Colombia en el 2021»

Qué está ocurriendo en Colombia hoy

A raíz de la pandemia global por el Covid-19, y los duros confinamientos que paralizaron la economía mundial, Colombia vivió una contracción económica. Así llaman los expertos a los procesos en que los países quedan contraídos en su productividad, retardados en su recuperación y afectados en su situación social.

En el caso de Colombia la situación fue espeluznante. Es de los países hispanoamericanos que más sufrió las consecuencias de la crisis mundial. Entre otros síntomas, podemos mencionar:

• Una contracción del Producto Interno Bruto del 6,8%, la más grande en toda la historia del país.
• 15,9% de desempleo formal en el país. Recordemos que Colombia ya tenía un desempleo de casi el 10% en 2019, lo que significa que en 2020 la cifra aumentó en un 50%.
• 370 empresas cerradas a lo largo de todo el país. Una destrucción del aparato productivo como no conoció la nación neogranadina ni siquiera en los peores momentos del conflicto armado.

2021 sorprendió al gobierno colombiano, encabezado por Iván Duque, con un déficit fiscal gigantesco. Cuando los gobiernos tienen huecos en sus cuentas, recurren al aumento de impuestos como forma de sanear sus cuentas.

El gobierno de Duque propuso una reforma fiscal (1) que significaría un hachazo al bolsillo de los colombianos. En particular, la reforma afectaba a las clases medias y bajas, algo típico de toda reforma fiscal, por mucho que quienes las propongan digan que “los ricos” serán los que la pagarán.

La propuesta de Duque pretendía recaudar unos 25 billones de pesos (lo que serían $ 6.850 millones de dólares). Esa meta se cumpliría de la siguiente forma:

• Obligar a declarar impuesto sobre la renta a los ciudadanos colombianos que ganaran más de 2,4 millones de pesos mensuales (663 dólares al cambio).
• Pero más allá, la propuesta incluía también que en el año 2022 esta condición se extendiera a aquellos que reciben una cifra superior a 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).
• La ley se proponía de igual forma implementar un impuesto temporal a la riqueza para altos salarios, concretamente en 2022 y 2023.

Estas medidas provocaron un rechazo inmediato de la población, incluyendo de muchos que apoyaban al gobierno de Duque. Colombia es un país de rentas bajas, en donde el salario mínimo es de 877.803 (lo que equivale a $ 248 dólares).

Dicho de otro modo: el impuesto sobre la renta lo iban a pagar casi la totalidad de colombianos.

A un sablazo fiscal semejante le siguió una convocatoria a un paro general que se realizaría el pasado 28 de abril. El paro sería acompañado por acciones de calle.

Pero la paralización así como las protestas pronto trascendieron los hechos originales. Las manifestaciones derivaron en vandalismos y saqueos. El paro se volvió indefinido. Las fuerzas de seguridad arremetieron violentamente, y a veces cometiendo graves atropellos, contra los manifestantes.

En los primeros tres días de manifestaciones, cerca de 24 personas perdieron la vida (vale acotar que esta cifra es la denunciada por organizaciones de DD.HH., el gobierno da números menos abultados).

Fue tal la conmoción que el gobierno de Duque retiró la propuesta de reforma fiscal, que llevaba el draconiano título de “Ley de solidaridad sostenible”. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, quien había sido el proponente y principal vocero de la ley, tuvo que dimitir. La canciller, Claudia Blum, le siguió, así como varios funcionarios menores del gobierno.

Esto, sin embargo, no detuvo las manifestaciones. Al contrario, parece haberlas alentado.

Al momento de redactar estas líneas, media Colombia estaba paralizada. Violentas protestas en localidades como Cali, han bloqueado las vías de acceso terrestre. Hasta la ONU ha alertado que de seguir en esta situación, pronto habrá desabastecimientos masivos en los supermercados, debido a que los camiones que distribuyen alimentos y medicinas no han podido circular desde que empezó el mes de mayo.

La copa América, que Colombia debe realizar en el mes de julio junto a Argentina, está a horas de ser cancelada. Es obvio que así será, ya que no hay condiciones para jugarla.

El gobierno de Duque luce sobrepasado por la situación. Muchos incluso dudan que pueda sobrevivir a esta conmoción.

Todo ocurre, por cierto, a menos de un año de que Colombia vaya a elecciones presidenciales.

El Sistema en Colombia: narco, guerrillas, cúpulas políticas, relaciones y conflictos

Ahora bien, sería muy sencillo quedarnos en ese resumen de los hechos y relacionarlo todo con una reforma fiscal mal planteada y mal ejecutada. Pero esto sería un error. Lo de Colombia es más profundo.

Durante más de medio siglo el hermano país estuvo en una situación de guerra civil no declarada. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estuvieron desde finales de los años cuarenta, intentando tomar el control del país por vía armada.

Todo comenzó cuando Jorge Eliecer Gaitán, un líder antisistema, fue asesinado, cuando se  esperaba que ganara las elecciones en las que era candidato presidencial.

A aquel magnicidio le siguió el llamado “Bogotazo”, un estallido social que incendió al país y dejó más de 3.000 fallecidos.

En paralelo, surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar, que respondía a los intereses de las élites y los terratenientes. Esta suerte de ejército paralelo combatía violentamente a las guerrillas, tanto de las FARC como del ELN.

También en paralelo, surgió una especie de narcoeconomía. Carteles de la droga colombianos comenzaron a dominar partes del territorio y se fueron haciendo con el control del mercado mundial de estupefacientes, en particular de la cocaína y la amapola. Así se dieron las condiciones para el surgimiento de figuras como las de Pablo Escobar, un poderoso narcotraficante, miembro del Cartel de Medellín, quien llegó incluso a ocupar un escaño en el congreso nacional.

Además, la clase política, conformada fundamentalmente por élites extractivas, fue penetrada, primero por las guerrillas, que ideologizaron a una izquierda profundamente antidemocrática; y luego por el narcotráfico, que financió a políticos, diputados, periodistas, medios de comunicación, e incluso a un presidente en ejercicio (Ernesto Samper, quien gobernó entre 1994 y 1998), como admitiera él mismo varios años después de dejar el gobierno. (2).

Este panorama, que nunca pudo cambiarse, a pesar del esfuerzo de presidentes moderados como César Gaviria (1990 – 1994) y Andrés Pastrana (1998 – 2002), fue la catapulta de Álvaro Uribe Vélez, un brillante político de derecha, quien se hizo con la presidencia en el año 2002, siendo reelegido en 2006, en un hecho inédito en la historia de Colombia. Uribe, como otros presidentes de la región, reformó la constitución para permitirse una reelección que no estaba contemplada originalmente.

Uribe inició una política de reducción de la fuerza de los grupos armados, a la que llamó “Política de Seguridad Democrática”. Durante los ocho años de presidencia logró propinarle golpes devastadores a la guerrilla, como el recordado rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, ocurrido el 2 de julio de 2008.

Juan Manuel Santos, quien había sido vicepresidente del gobierno uribista, fue elegido como su sucesor. Apenas llegó al poder, sin embargo, rompió con su mentor político y en vez de continuar con la política de seguridad democrática, prefirió buscar un acuerdo de paz con los grupos armados.

Su búsqueda fue exitosa y el 26 de septiembre de 2016 se declaró la paz en el vecino país, luego de un conflicto armado de más de 50 años y que dejó casi 9 millones de muertos.

Pareciera este un final feliz, pero no lo es. Realmente lo que se consiguió en 2016 fue un cese a las acciones armadas. Como bien decía Maquiavelo: la guerra continuó, pero por otros medios.

No quiero afirmar cosas que no puedo probar, pero me conformaré con decir que ni las protestas son el inocente descontento de ciudadanos indignados por una reforma, ni el gobierno de Duque es una administración acosada por fuerzas antidemocráticas.

Debajo de todo estamos viendo la lucha de poder entre el grupo de la derecha, actualmente en el gobierno; la izquierda, que quiere llegar a controlar el gobierno con el apoyo de factores que forman parte del sistema en Colombia (narcos, guerrillas, mafias, etc.); y unas elites testarudas que se rehúsan a hacer cambios estructurales para incluir a las mayorías. Colombia es un país en donde la movilidad social casi no existe, y eso genera enormes resentimientos que luego son capitalizados por los grupos de la izquierda antidemocrática (3).

Duque tenía en sus manos la posibilidad de hacer una reforma fiscal justa y seria. En vez de eso, prefirió cargar el peso del Estado sobre los hombros de los colombianos honestos y trabajadores. ¿Qué esperaba que ocurriera?

Colombia está viviendo el mismo conflicto que ha vivido durante décadas: una izquierda violenta y antidemocrática que capitaliza el descontento legítimo generado en la población por unas élites irresponsables, que no entienden que si no permiten que los más humildes de Colombia progresen nunca tendrán paz. Solo tendrás lo que ya tienen: la política como una forma más elegante de continuar con la guerra interna.

Fuentes

1. “Así es la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Colombia” de France 24. Publicado el: 16/04/2021. Consultado el 14/05/2021

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210416-colombia-explicacion-reforma-tributaria-ivan-duque-impuesto-valor-agregado

2.“Samper admite por primera vez que el narcotráfico pagó su campaña electoral”, por. Publicado el 21/07/1998. Consultado el 14/05/2021

https://elpais.com/diario/1998/07/22/internacional/901058401_850215.html

3. “Colombia en la encrucijada”, por Alejandra Martínez. Publicado el 14/05/2021. Consultado el 14/05/2021

https://fundacionlibertad.com/articulo/colombia-en-la-encrucijada